VÍCTOR ARROGANTE
El 16 de febrero de 1936, un frente republicano y de izquierdas, ganó las elecciones generales en España. El bloque de izquierdas —Frente Popular (FP) —, que luchaba contra la reacción, se comprometía con un plan político que habría de desarrollarlo el gobierno salido de las urnas. Hoy, desde diferentes ámbitos, se propugna la unidad y para ello es preciso contar con un análisis de la realidad, un plan de acción común y una voluntad política que facilite la vuelta de la izquierda al gobierno.
Han pasado setenta y ocho años desde aquello y pese al tiempo transcurrido, algunos elementos y circunstancias, siguen dándose hoy: una derecha católica, reaccionaria y contrareformista; una difícil situación económica, que utilizan para sanear la economía del capital, con rescates y ayudas a la banca; una clase trabajadora que ha visto desaparecer convenios colectivos, sometida a disminuciones salariales, contratos basura, regulaciones de plantilla y despidos; recortes en prestaciones sociales, eliminación derechos sociales, económicos y políticos en general y en especial a la población y colectivos más necesitados; y utilización del Código Penal para reprimir protestas y manifestaciones contra la política del gobierno, propio de un estado totalitario.
En 1936 se dieron una serie de circunstancias que favorecieron la unidad de acción. Se estaba produciendo una fuerte reacción social, contra la política contrareformista y antisocial del gobierno. Se había declarado el estado de excepción y llevado a cabo una dura represión tras la revolución de octubre del 34, con ejecuciones, duras penas de prisión y obreros despedidos. Los salarios disminuían, los derechos cuando los había se eliminaron; se suspendieron la reforma del ejército, del sistema educativo y la reforma agraria, con represalias y expulsiones a los arrendatarios, aprobándose enormes indemnizaciones —230 millones de pesetas— para los «grandes de España» expropiados en 1932. Llegados a este punto, la clase obrera y los campesinos, los grandes olvidados, se comprometieron en masa con el FP y su programa.
El FP aprobó un programa basado en la defensa de las reformas sociales emprendidas en el primer bienio, que estaban siendo paralizadas o eliminadas. El manifiesto se publicó el 15 de enero, con propuesta a desarrollar en caso de llegar al poder, junto con un llamamiento a otras fuerzas para unirse a la coalición, reclamando una amplia amnistía para los imputados por delitos políticos en noviembre de 1933 y durante la revolución de 1934 y la reparación a las familias de las víctimas de la represión.
Se proponía el restablecimiento del imperio de la Constitución, mediante la aprobación de leyes orgánicas; la revisión y reforma de las leyes de orden público, como garantía contra la arbitrariedad del poder y asegurar la investigación de los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública; la reforma del Tribunal de Garantías para impedir que la defensa de la Constitución resultase encomendada a personas de convicciones o intereses contrarios al régimen republicano; la reorganización de la Justicia, independiente, libre de intereses de jerarquía social, privilegio económico y posición política; y reorganización del régimen de prisiones y la aboliendo de malos tratos.
Igualmente el manifiesto proponía reformas políticas, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, y de las clases más desfavorecidas, como el apoyo de la educación laica, la creación de escuelas de enseñanza primaria, media y superior, el restablecimiento de la legislación social, fijando salarios mínimos, que aseguraran a los trabajadores una existencia digna.
Para superar la recesión económica que sufría España, la Hacienda y la banca debían estar al servicio de la reconstrucción nacional; el Banco de España cumpliría la función de regular el crédito y la banca privada se sometería a reglas de ordenación, para el servicio de las necesidades financieras de la política económica y la garantía de los depositantes; las cajas de ahorro mejorarían su funcionamiento para la creación de capitales y protección del ahorro privado. También se llevaría a cabo una reforma fiscal sobre bases progresivas. Para reactivar la economía, se propuso una política de obras públicas con grandes planes de construcciones de vías de comunicación, obras hidráulicas y de riego; caminos y construcciones rurales; viviendas, puertos, repoblación forestal, con el objetivo principal de reducir el paro.
Entre otras medidas de política agraria e industrial establecieron la protección de la industria, en especial de la pequeña industria y el pequeño comercio; la creación de instituciones de investigación económica y técnica, ayudas al cultivo directo, para la eliminación del intermediario; el comercio de exportación; enseñanzas agrícolas y auxilios técnicos; planes de sustitución de cultivos y normas para el rescate de bienes comunales. El FP se propuso la reactivación de la Ley de la Reforma agraria de 1932 que favorecía a las clases sociales en peores condiciones, mediante la derogación de la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza, la ley de arrendamientos y la revisión de los desahucios practicados.
Con este programa y la unidad ganó la coalición de izquierdas. Un censo de 13.553.710 electores y una participación del 72,9% (9.864.783 de votantes) —la más alta de las tres elecciones generales anteriores—. El Frente Popular obtuvo: 4.654.116 (47,1%), el Frente Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6%), y los partidos del Centro: 400.901 (5,3%). El golpe de estado del 18 de julio y la posterior guerra civil, impidieron el desarrollo del programa de la coalición vencedora y la muerte de la democracia.
La ciudadanía española se encuentra hoy en una situación de «emergencia», por lo que es preciso abrir métodos de democracia participativa, que sirvan para iniciar un cambio en la política institucional, económica y social. Es necesaria la unión de todos los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales y políticos del ámbito de la izquierda, como lo fue en 1936, que abra un proceso constituyente, que posibilite el cambio del modelo de gobierno del Estado, una nueva estructura territorial, una nueva ley electoral y una verdadera separación con la iglesia.
El frente político necesario, ha de comprometerse con derogar las leyes injustas impuestas por el PP en el gobierno y que el Sistema consiente. El dinero público debe estar regido por principios de transparencia y protegido contra la corrupción y el trabajo como pilar que mueva a la sociedad, en la que impere la justicia social y la solidaridad, blindando los derechos sociales —sanidad pública universal, gratuita y de calidad, educación pública para todos y laica, ayudas a personas dependientes, pensiones de jubilación y la vivienda derecho fundamental—, esto es donde el ejercicio y la protección de los Derechos Humanos sea una realidad.
@caval100
DIARIO PROGRESISTA
